El 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Ese día, las Fuerzas Armadas, con apoyo de entidades civiles, derrocaron al gobierno democrático e iniciaron una de las etapas más oscuras de la historia de nuestro país.
Los terribles hechos sucedidos en el período 1976 – 1983, en contra de la población civil, hicieron que en el año 2002 se sancionara la Ley 25.633, estableciendo esa fecha como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas de ese proceso.
Según se expresa en la Ley, la intención para esta conmemoración tiene ver con la realización de actividades que “consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.
Un antecedente por demás importante para comprender cómo se “planificó y ejecutó la represión a nivel nacional, es decir, cuál fue la organización y la modalidad adoptada por las FF.AA. nacionales” para el golpe de 1976, está expresado en el alegato del Ministerio Público Fiscal argentino en el marco de la “Operación Cóndor”, disponible en el sitio web exclusivo sobre este juicio histórico.
En el apartado denominado “Estructura Represiva Argentina. Organización de la Represión”, se presenta un documento secreto del Ejército, en donde queda demostrada la planificación, a escondidas del gobierno democrático, de lo que terminó siendo el golpe de Estado.
En base a ese documento, el MPF señala que “La excusa oficial para usurpar el gobierno fueron las supuestas necesidades impuestas por la llamada `lucha contra la subversión´, lo que se desprende expresamente del punto 6, título `Encubrimiento´, donde dice que: `en la medida de lo posible, todas las tareas de planeamiento y previsiones a adoptar emergentes del presente plan, se encubrirán bajo las previsiones y actividades de la lucha contra la subversión´.
Por otro lado, en base a ese trabajo realizado por el MPF, conviene llamar la atención sobre una arista poco comentada y, sin embargo, de mucha trascendencia en este tema, que tiene que ver la perspectiva regional por la que varios gobiernos antidemocráticos de Sudamérica establecidos en aquella época, coordinaran su accionar en contra de las libertades y derechos individuales. De eso se trató la “Operación Cóndor”.
Entre los antecedentes de esta causa, se resalta una cronología que explica y demuestra el alcance que tuvo la coordinación entre gobiernos militares en el subcontinente: “En el Cono Sur, se sucedieron varios golpes de Estado: el de Brasil en 1964, el de Argentina en 1966, Bolivia en 1971, el golpe de largo aliento en Uruguay en 1973, el de Chile de 1973 y, cerrando el ciclo, el de Argentina en 1976. Fueron golpes de Estado institucionales de las Fuerzas Armadas, regidos por la Doctrina de Seguridad Nacional y que tenían un proyecto de refundación de las relaciones sociales a partir de modelos de democracia controlada.”
Según se explica en los antecedentes “La primera causa por los crímenes de la Operación Cóndor comenzó a tramitar en 1999. Llegó a juicio oral catorce años después, acumulada junto a otras dos y con la segunda parte del expediente por los crímenes cometidos con el accionar conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti“. “El juicio oral comenzó el 5 de marzo de 2013 y terminó tres años después, el 27 de mayo de 2016. En su inicio tuvo un objeto procesal que abarcó los casos de 174 víctimas: 65 de la causa Automotores Orletti, 107 de Operación Cóndor y dos que corresponden a ambas causas. Las víctimas son oriundas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay”.
